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Cuando el abuso político es legal… y normal

By on December 10, 2012 in Boxed Economics, Boxed Society with 12 Comments

Que una actitud este normalizada no significa que sea normal. En política, cuando se trata de hacer prevalecer los intereses privados a los públicos, esto también debe tenerse en cuenta. El enchufismo es un ejemplo muy gráfico de lo que quiero decir. No se considera algo raro, por ejemplo, que el hijo de Esperanza Aguirre sea asesor del secretario de estado de comercio. De hecho el joven ha ocupado uno de los cargos denominados de “libre designación”, una elegante expresión que hace más amigable y oficial el enchufismo de toda la vida. No quisiera ensañarme con la señora Aguirre por este asunto, ya que podría recurrir a aquello de “lo hace todo el mundo” sin que le faltara razón: poco después de ser designado ministro de agricultura,  Miguel Arias Cañete nombró a su cuñado presidente de SAECA, una empresa pública participada por su ministerio. Algo parecido hizo Cristóbal Montoro, que tras acceder al Ministerio de Hacienda nombró a su cuñado presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. También la Secretaria General del PP Maria Dolores de Cospedal ha colocado a su hermano como director de la Fundación Culural Pública Carolina. Y a estos casos se le podrían sumar el de la esposa del Ministro Wert o el de la hija de Zaplana, todos ellos ocurridos en el seno del gobierno central sólo durante 2012.

Caeríamos en un error si pensáramos que esto es una práctica exclusiva del PP. Todos los gobiernos, centrales y autonómicos, lo hacen y lo seguirán haciendo. Desde el caso del asesor de Gispert en CIU, pasando por los múltiples casos del partido socialista andaluz, lo cierto es que si uno se para a analizarlo ningún partido se libra. Y es normal que así sea. Primero porque difícilmente puede considerarse ilegal. Pero sobretodo porque está totalmente normalizado en los círculos políticos. El enchufismo es una forma políticamente aceptada de dar entrada a los intereses privados de los altos cargos públicos. Sólo casos puntuales de protesta social pueden evitar que se lleven a cabo este tipo de actos, como sucedió en el fracasado intento de Cospedal de colocar a su marido en el consejo de la empresa pública Red Eléctrica  dónde percibiría un salario cercano a los 200.000 euros anuales. Tras aceptar éste el cargo, fue tal la crítica y la presión social que el hombre se vio forzado a rechazar el cargo. Y es que contra esta práctica poco se puede hacer aparte de señalar con  el dedo al beneficiario. En este sentido es importante aplaudir la aparición de iniciativas como la de desenchúfalos que busca difundir y denunciar los casos de enchufismo político.

Montoro en un acto político 300x181 Cuando el abuso político es legal... y normal

Aparte del enchufismo, hay otras formas igualmente nocivas para la buena gestión pública de abusar del poder. En este sentido, en España, los casos de conflicto de intereses de varios altos cargos políticos son muy ilustrativos.  Un caso bastante curioso es el de Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y fundador de la consultoría Equipo Económico (antigua Montoro & Asociados) especializada en el asesoramiento sobre elusión fiscal -similar a la evasión fiscal, pero explotando vacíos legales para no caer en la ilegalidad- en la que sigue trabajando a día de hoy su hermano Ricardo Montoro. Para que nos hagamos una idea del tipo de trabajos de esta consultoría, el caso Gürtel reveló que Everland, una de las empresas incluidas en el sumario policial, recurrió a ella para eludir el pago de 700,000 euros de impuestos. Aunque parezca sorprendente, ni él ha dado explicaciones ni ningún partido se las ha pedido. Y es que en este país tenemos esta inusual capacidad para normalizar lo anormal. En España, en plena crisis de la deuda, mientras el gobierno asegura estar centrándose en alcanzar el equilibrio presupuestario, nuestro ministro de hacienda, responsable de la recaudación de impuestos, tiene intereses en una empresa que te asesora para que pagues menos impuestos. Que la lucha contra el fraude fiscal tiene dos caras ya quedó reflejado en anteriores publicaciones, pero este caso de conflicto de intereses es tan claro y obvio que roza lo obsceno: el mismo que debería velar por que las leyes fueran infranqueables te cobra por decirte como saltártelas.

No es mucho más nítida la situación en la que se encuentra Pedro Morenés, que combina su cargo de ministro de defensa con el de director, para España, de la empresa armamentística MBDA (vean la publicación de su nombramiento en 2010). Vivimos en el período histórico en el que más hincapié se nos hace sobre la necesidad de controlar el gasto público y a pesar de ello nadie cuestiona que el responsable último de las compras armamentísticas del ejercito trabaje en una empresa dedicada a la venta de éste. Quizás sea porque nadie considere que tal conflicto pueda existir realmente: el sueldo que percibe Pedro Morenés en MBDA supera con creces sus honorarios como ministro.

No es nuevo que hayan intereses ocultos entre la clase política. Los casos de corrupción han existido siempre y mientras los políticos sean humanos seguirán existiendo. Pero si es más preocupante el clima de normalización al que se está llegando. Puede que el origen de esto sea el marco legal actual, que permite a la clase política hacer valer sus intereses personales con todo el amparo de la ley. No es necesario ocultar tus intereses individuales cuándo siendo ministro no se te exige exclusividad en el cargo (algo que si se exige a muchos funcionarios de menor rango). Tampoco se puede pretender que desaparezca el enchufismo cuando se incrementa año tras año el numero de cargos de “libre disposición” -cargos a dedo- en la administración pública. Y tampoco se puede esperar una mejora de la percepción que tiene la ciudadanía sobre la corrupción institucional (percepción similar a la del ciudadano de Botswana, según el reciente informe de “Transparencia Internacional”) cuando las cabezas más visibles de casos de corrupción tan mediáticos como el “Noós” o el “Palau” siguen en libertad. Tampoco ayuda, en este sentido, la instrumentalización política del indulto, una reminiscencia legal del siglo XIX que permite a determinados cargos políticos modificar o anular sentencias judiciales. Este derecho político, considerado en un manifiesto de 200 jueces como “indigno, contrario a la independencia de la justicia, impropio de un sistema democrático de derecho, ilegítimo y éticamente inasumible», ha supuesto el indulto de 53 delitos contra la administración pública en los últimos 5 años. Alcaldes y altos cargos públicos destacan en una lista donde también aparecen importantes empresarios como Alfredo Sáenz Abad, vicepresidente segundo del Banco Santander.

 

Damian Rice

 

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There Are 12 Brilliant Comments

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  1. GATD says:

    Aqui te adjunto otra dirección muy interesante… se carga PARADORES y queda tan pancha, simplemente llámala Gela http://www.republica.com/2012/02/08/la-ex-esposa-de-rato-presidenta-de-paradores-con-un-sueldo-que-triplica-al-del-presidente-del-gobierno_448939/

  2. aficionado says:

    Una radiografia del enchufismo que practica sin rubor este gobierno que considera que España es un coto de su propiedad.

  3. GATD says:

    Siempre ha habido un delicdo equilibrio entre KO’s y CONTROL, ahora ese equilibrio se ve amenazado ¿a quién recurrimos? http://www.dailymotion.com/video/x4uqo3_super-agente-86-de-pelicula_shortfilms

  4. Pepa says:

    España está enchorizada ¿Quién la desenchorizará? El desenchorizador que la desenchorice buen desenchorizador será ¡O acabamos con esta chorizocracia o ésta acabará con nosotros!

  5. Pepa says:

    Desgraciadamente no solo en el PP hay personas muy principales corruptas porque las hay mucho más en otros partidos como el P$OE, CiU, PNV o IU

  6. unocualquiera says:

    Y que te esperabas… Pues a disfrutar de lo votado, que eso si que es de libre designación por parte nuestra.

  7. jake says:

    Menudo jardín… ¿cómo se diferencia -desde fuera- al enchufado chupóptero y parásito de aquel que es un trabajador y confiable? la experiencia dice que bajo el manto de la segunda opción se cuelan muchos de la primera.

    Pero si legislamos simplemente diciendo que el grado de parentesco inhabilita para ejercer cargos públicos no solo estaremos dejando fuera a los que sí realmente valen (insisto, la minoría) sino que además en cuanto exista un político en la familia todos los parientes hasta el segundo grado verán limitadas sus opciones laborales.

    Un ejemplo, si uno llega a diputado sus primos, cuñados, hermanos…. no podrán ni siquiera ejercer como abogados en un despacho. Y normalmente en una familia donde hay abogados alguno termina haciendo carrera política.

    Cuando se hizo la ley de incompatibilidades, que ya tuvo el propósito de desligar lucro personal con actividad política, para que los diputados y senadores aceptasen y que no se penalizase a aquel que quería trabajar por la ciudadanía (bueno, eso dicen) se subieron los emolumentos directos e indirectos de todos estos funcionarios de alta gama. Así, un ministro abogado con caché millonario podría ver interesante ejercer la política en lugar de decir que “en el sector privado se gana más”.

    ¿qué flecos quedaron fuera? los parientes. Y legislar sobre su estancia o prohibición en la vida pública no es facil ya que la casuística es muy grande. La ley sería una relación de casos en los que con maniobrar y no estar en ninguno de los mencionados nuevamente aparecerían parásitos.

    Además se da una circunstancia de burla en los chupópteros. Si están cómodos donde están el daño que pueden hacer es limitado. Se llama “la patada hacia arriba”, que no es sino ascender de nómina y puesto a un sitio donde las responsabilidades son limitadas.

    Vemos así el caso de José Luís Pérez Carod-Rovirá, que ha pasado de ser un auténtico hooligan político -en otros tiempos habria sido exiliado, encarcelado o fusilado para quitar la molestia de un antiespañol- a estar de asesor en la sanidad catalana en la que cobra sin hacer gran cosa. Y mejor que se quede ahí.

    Nuestro expresidente Rodríguez-.Zapatero, otro igual, que en el Consejo de Estado, con el curriculum vitae que tiene, mejor que se quede ahí. Los daños de su paso por la presidencia no han terminado aunque muchos los volcarán en el sucesor.

  8. Mercedes Cervera says:

    Ningún abuso esta justificado. Empecemos por ello. Nada que sea un abuso merece el justificatico de justo o neutral.

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