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La más que posible legitimidad de una declaración unilateral de independencia

By on 21/02/2015 in Catalunya with 5 Comments

Al mismo tiempo que el fuelle mediático independentista pierde fuerza en el ámbito estatal, el bastión catalán refuerza sus bases más arraigadas. Lo que durante años no pasó de un utópico 15% en las urnas, ahora consolida su base estructural, dando fuerza y legitimidad a una coyuntura que, con más de dos millones de razones, ha conseguido formar un movimiento popular limpio que abarca todas las ideologías y hermana catalanes de cientos de lugares de origen. Al mismo tiempo, se ha conseguido dejar en evidencia la propia legitimidad del 78, y no solo ante siete millones de catalanes sino ante una gran parte de la izquierda del Estado español. El cambio de mentalidad de la sociedad catalana ha traído como consecuencia un repentino cambio estructural en su posicionamiento con respecto a la relación con el resto del Estado que, sin duda, puede traer consecuencias a largo plazo. Sin embargo, en tiempos en los que el descontento social y el autoritarismo conservador están a la orden del día de cualquier diario, es previsible que la posición de una sociedad volátil en términos de ideología pueda desencadenar movimientos más drásticos.

Pasemos entonces al más extremo de los casos: un caso en el que pudiera cumplirse el full de ruta de Junqueras y Tardà; un caso en el que con más del 70% de legitimidad, un Gobierno de unidad decide comenzar a romper para que, en 2017, el Estado catalán deje de contribuir, declarar y recibir del resto del Estado que, desde 2013, lleva dando la espalda a todo tipo de negociación. Más allá de la incertidumbre así como de la más que improbable sostenibilidad de la intervención de las fuerzas de seguridad contra la población catalana, la Autoridad soberanista se vería obligada, de inmediato, a rendir cuentas ante las cabezas del Estado español y más que posiblemente, ante las autoridades europeas.

Es en ese momento cuando se vería la principal debilidad del Estado español. Volvería a cumplirse entonces la teoría del gigante con los pies de barro. No cabe duda de que, a pesar de su gran capacidad de participación (con poca decisión, todo hay que decirlo) como un conjunto unificado en materia internacional, España se vería absolutamente desarmada en el momento en el que se levantaran las cartas durante el recuento del punto y miedo. Y es que, a pesar de las múltiples advertencias que alertaban que jugar a chica te dificulta los pares y el juego al final de la mano, el Gobierno español decidió acumular pitos sin pensar que sus dúplex de nada servirían en el reparto de amarracos.

Metáforas aparte, cabe decir que la estrategia principal del Gobierno español no ha ido más allá del miedo: del miedo a expulsar a Cataluña de la Unión Europea, del miedo a limitarle sus exportaciones, del miedo a que su industria y sus servicios quedaran totalmente aislados y condenados a la debilitación. Ese temor intentó imponerse hace unos años, cuando, tras la firma del Estatut por el Parlament de Catalunya, cuatro exaltados clamaron mediáticamente a un boicot que nunca llegó a existir. Y si en 2017, cuatro años más tarde, el Govern y el Gobierno se ven obligados a dispararse en el pelotón de fusilamiento como si de un duelo de cowboys a pocos kilómetros de Macondo se tratase, el más que errático gatillo español terminaría por dejar en evidencia que formaba parte de un arma que carecía de balas. La amenaza y el temor se verían desautorizadas ante una Europa que acumula industrias farmacéuticas y cadenas de aprovisionamiento en el eje mediterráneo. Digamos entonces como primera conclusión que ni el miedo debe ser el arma principal como método interno y mentalidad de unidad nacional de un Estado plurinacional y que, en el supuesto de que ese miedo pudiera ejercerse, de facto podría volverse contra el propio Estado.

Llegados a este escenario extremo en el que dos partes se verían sometidas a un parcial arbitraje internacional, esta imposición del terror así como la falta de diálogo en busca de soluciones podrían hacer que España sufriera la salida del tiro por la culata. Y eso -amigos contertulios- es lo peor que le puede pasar a un vaquero. Lo palpablemente lamentable sería la fácil solución que el Estado español se niega a dar a la cuestión catalana: la implementación de un proceso constituyente que pasase por la votación en un referéndum basado en el marco legal cuyo resultado desencadenara en una reforma de la Constitución del 78 en materia territorial. Si esta solución fuera desarrollada en el marco legal apoyada por observadores internacionales que garantizaran el cumplimiento mutuo de las cláusulas pactadas, el encaje catalán pasaría de ser un hermetismo permanente a un reconocimiento mutuo del obligado encaje.

Si el primer escenario se cumpliera, existen diversas razones que nos llevarían a pensar que la Comunidad Internacional no consideraría una agresión una hipotética declaración unilateral por la independencia de Cataluña. Es innegable que Cataluña es un pueblo histórico, motor de la Corona de Aragón y principal defensor de los intereses de España tanto en 1714 como en 1938 y 1939. Cataluña cuenta con un Derecho Civil propio así como con instituciones políticas autónomas con amplio apoyo popular, El Govern es sujeto del Derecho Internacional Público en su sentido amplio en tanto en cuanto coopera, se relaciona, negocia y pacta con otros sujetos estatales y regionales a nivel internacional. Los intereses de España son, en gran medida, los intereses de Cataluña. ¿Hasta qué punto les compensaría al resto de Estados de la UE perder esta capacidad de influencia? ¿Sería posible que los Estados abogaran por la no intervención debido a la más que probable incorporación de Cataluña a la EFTA? ¿No sería palpablemente posible que estos sujetos relegaran sus dobles intereses al arbitraje en vez de a un parcial posicionamiento?

Por otro lado, cabe remarcar que la Unión Europea reconoce la democracia como la expresión de la voluntad del pueblo. En el caso de tener una respaldada mayoría más que aplastante, ¿a qué derecho democrático podría entonces acogerse el Estado español ante un tribunal de arbitraje? En un mundo en el que la Comunidad Internacional ya tiene ampliamente asumido que la tendencia del Sistema Político Mundial nos hace pensar que cada vez habrá más Estados sujetos de Derecho Internacional en el mundo, ¿qué posición drástica podría tomar un tribunal de arbitraje si ello se cumpliera?

La jurisprudencia de otras naciones para casos de sucesión de Estados nos ilumina acerca de la falta de madurez democrática del Estado español: se ha podido observar cómo los procesos soberanistas de Escocia y Québec en Reino Unido y Canadá respectivamente han sido tratados con total naturalidad por parte del Estado central. Sin embargo, en el caso de Cataluña, comunidad que, por otro lado, goza de más de competencias pero de menos reconocimiento que Escocia, no se ha visto ninguna intención por parte del Estado español de escuchar a una parte de su pueblo. Para más inri, es plausible cómo se ha puesto en evidencia la básica separación de poderes del Estado con dimisiones de fiscales, imputaciones, denuncias a jefes de Gobierno por secundar libremente eventos organizados por organizaciones privadas y decretos ley impositores. De hecho, finales de 2014 dejó a entrever la falta de coherencia del Gobierno español en su política territorial ya que, por un lado, de iuris, copia la sentencia de la Corte Suprema de Canadá sobre negociación y consenso de una declaración de soberanía, sin embargo; por otro lado, de facto, se niega negociar.

Si nos basásemos en otros casos similares, podríamos observar el dictamen del Comité de Arbitraje de la CEE sobre la extinción de la Antigua República Socialista de Yugoslavia, también conocido como Comité Badinter: la existencia de un Estado es condición de hecho sin necesidad de reconocimiento; aunque, por otro lado, es también necesario que los Estados de su entorno dejen ejercer la soberanía de facto para que de iuris, en el momento dado; también pueda ser reconocido como Estado. Aunque suponga una absoluta verración el mero hecho de poder comparar a Cataluña con Kosovo, podemos observar cómo en muchas ocasiones ya se ha dado el caso de que los tribunales internacionales han dictado sentencia a favor del Estado sucesor tras supuestos de no negociación.

Y es que, Cataluña, como sujeto del Derecho Internacional Público, podría acogerse, tras una declaración unilateral de independencia, a un arbitraje de la Unión Europea u otro organismo internacional tras, legalmente, el Parlamento Catalán adoptar una proposición de ley alegando, en primer lugar, la voluntad de constituirse como única autoridad legítima de un Estado independiente, y, en segundo lugar, realizando una declaración europeísta y en defensa de los Derechos Humanos. De este modo, el tiempo de negociación y repartición de bienes no supondría ninguna amenaza para la Comunidad Internacional ya que Cataluña asumiría las obligaciones internacionales del Estado español y, por otro lado, aplicaría la ley española previa existente de manera interna.

Y con esto, compañeros contertulios, acaba mi enésimo AVE Barcelona-Madrid. El tren que venía de Sants parará en Atocha, en la tercera vía.

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There Are 5 Brilliant Comments

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  1. martí says:

    En este caso, mi comentario se limita a una curiosidad: en el calendario ciclista hay una prueba curiosa: el campeonato nacional de Chequia y Eslovaquia. Éste se celebra conjuntamente y por ello tiene dos campeones. La táctica de esta carrera es atípica ya que un checo puede colaborar con un eslovaco y viceversa y así salen los dos beneficiados.

    El lector disculpará esta disgresión. Toda comparación con la realidad es pura coincidencia. (por desgracia).

  2. jake says:

    tic tac tic tac, no salen nuestros planes, ponemos el reloj a cero y programamos la siguiente fecha. Y reconociendo que se parte del 15% de los catalanes se arroga la inmensa mayoría imparable y por ende, legítima. De una verdad se sacan dos mentiras.

  3. pepe says:

    Y si mi abuela tuviera güevos seria mi abuelo !

  4. erredosd2 says:

    “denuncias a jefes de Gobierno por secundar libremente eventos organizados por organizaciones privadas …” Ahí es nada. Las cosas en derecho son lo que son y no como se les quiera llamar. Y a buen entendedor…

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